Editorial
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22 Octubre 2011, 8:39 PM
¡Por fin!
La Ley General de Migración había sido promulgada
el 15 de agosto de 2004, un día antes del entonces presidente Hipólito
Mejía entregar el poder. Hasta el 19 de este mes la legislación esperó
por más de siete años que se firmara el reglamento, no sin dar lugar a
las más variadas especulaciones, para entrar en vigencia.
Sólo el presidente Leonel Fernández sabe las razones por las que no había rubricado, después de los primeros 180 días de la promulgación de la ley, una normativa reclamada por diferentes sectores. Y también el motivo por el cual lo ha hecho en la víspera, aunque no sea más que mera coincidencia, de la audiencia a que debe enfrentarse el país este lunes ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
La firma del documento reviste gran importancia para regular todo lo relativo al flujo migratorio. Y es muy significativo que la decisión haya sido valorada positivamente por la representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De hecho, el propio Presidente ponderó la normativa como un paso de avance, aunque haya costado tiempo.
El instrumento, que el mandatario definió como un blindaje de la soberanía, permitirá, entre otros aspectos, la regularización de los extranjeros, tanto en lo que respecta a residencia como a trabajo. De esa manera se resuelve el conflicto sobre los cientos de miles de haitianos con papeles y sin papeles que viven y laboran en el país.
Ante los múltiples conflictos, era más que tiempo que se aprobara la normativa de una ley que define con claridad los asuntos migratorios. Establece, por ejemplo, que todo empleador, al proporcionar trabajo o contratar a un extranjero, deberá comprobar si éste está habilitado.
De no observarse las reglas en el empleo de extranjeros, los empleadores se exponen a multas de cinco a 30 salarios mínimos y a correr con los gastos de deportación de los trabajadores. Y la verdad es que ahora mismo lo que más hay en el país son obreros haitianos que laboran sin ningún tipo de contrato.
Organismos internacionales no podrán hablar de que en República Dominicana se abusa y explota a haitianos, que son los extranjeros que más problemas tienen, al no pagárseles los salarios que establecen las leyes ni garantizarles seguridad social y otros derechos.
Es verdad que ha habido que esperar mucho tiempo. Y que la larga demora se prestó a toda suerte de suspicacias. Pero es importante que República Dominicana pueda contar con una ley que fortalece su soberanía en torno a sus decisiones con relación a los extranjeros que residen y trabajan en el territorio.
Como dijo el jefe del Estado, ha sido un gran paso adelante que se ha dado, aunque se haya tomado su tiempo.
Sólo el presidente Leonel Fernández sabe las razones por las que no había rubricado, después de los primeros 180 días de la promulgación de la ley, una normativa reclamada por diferentes sectores. Y también el motivo por el cual lo ha hecho en la víspera, aunque no sea más que mera coincidencia, de la audiencia a que debe enfrentarse el país este lunes ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
La firma del documento reviste gran importancia para regular todo lo relativo al flujo migratorio. Y es muy significativo que la decisión haya sido valorada positivamente por la representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De hecho, el propio Presidente ponderó la normativa como un paso de avance, aunque haya costado tiempo.
El instrumento, que el mandatario definió como un blindaje de la soberanía, permitirá, entre otros aspectos, la regularización de los extranjeros, tanto en lo que respecta a residencia como a trabajo. De esa manera se resuelve el conflicto sobre los cientos de miles de haitianos con papeles y sin papeles que viven y laboran en el país.
Ante los múltiples conflictos, era más que tiempo que se aprobara la normativa de una ley que define con claridad los asuntos migratorios. Establece, por ejemplo, que todo empleador, al proporcionar trabajo o contratar a un extranjero, deberá comprobar si éste está habilitado.
De no observarse las reglas en el empleo de extranjeros, los empleadores se exponen a multas de cinco a 30 salarios mínimos y a correr con los gastos de deportación de los trabajadores. Y la verdad es que ahora mismo lo que más hay en el país son obreros haitianos que laboran sin ningún tipo de contrato.
Organismos internacionales no podrán hablar de que en República Dominicana se abusa y explota a haitianos, que son los extranjeros que más problemas tienen, al no pagárseles los salarios que establecen las leyes ni garantizarles seguridad social y otros derechos.
Es verdad que ha habido que esperar mucho tiempo. Y que la larga demora se prestó a toda suerte de suspicacias. Pero es importante que República Dominicana pueda contar con una ley que fortalece su soberanía en torno a sus decisiones con relación a los extranjeros que residen y trabajan en el territorio.
Como dijo el jefe del Estado, ha sido un gran paso adelante que se ha dado, aunque se haya tomado su tiempo.
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