Editorial
24 Noviembre 2011, 10:54 AM
Gravísimo
La revelación hecha por el embajador de Gran Bretaña, de que por inconvenientes asociados con la corrupción al menos una empresa británica ha tenido que marcharse y otra fue víctima de una tentativa de soborno muy grande constituye un escándalo de marca mayor que permite correr el telón de un tétrico escenario de progresiva inseguridad jurídica motivada por la prevaricación.
Ante la presencia del procurador general de la República y del presidente de la Suprema Corte de Justicia, el embajador Steven Fisher dijo que inversionistas extranjeros y dominicanos padecen dificultades a causa de la corrupción y adelantó que su gobierno pondrá a disposición de las autoridades nacionales los servicios de un fiscal inglés especializado en ese tipo de infracción.
Hay que imaginar que el informe que sobre esa penosa situación ha presentado el diplomático a la Cancillería dominicana ha de ser mucho peor de lo que ha podido revelar a un auditorio integrado en mayoría por jueces y fiscales, a los que ofreció una conferencia sobre el tema de la corrupción.
El Ministerio Público está compelido a actuar de inmediato ante la grave denuncia del embajador inglés de que una empresa tuvo que emigrar por no aceptar reclamos de soborno se supone que por parte de funcionarios de algunos de los poderes del Estado.
Más aun, el embajador Fisher ha denunciado que otra empresa inglesa sufre acoso o ha sido víctima de una tentativa “muy grande” de cohecho o reclamo de dinero y ha definido la situación de deterioro de la seguridad jurídica como un problema muy delicado.
República Dominicana, que recibe en promedio más de dos mil 500 millones de dólares anuales en inversión extranjera, no puede darse el lujo o permitir que rufianes enquistados en el Gobierno, Servicio Judicial, Poder Legislativo o entes municipales incurran en soborno, abuso de poder o denegación de justicia en detrimento de derechos adquiridos por empresarios extranjeros y nacionales.
Hace tiempo que se dice que potenciales inversionistas o empresas ya establecidas en los ámbitos de turismo, industria, zonas francas, servicio y comercio son víctimas de intentos de soborno por parte de agentes públicos que muchas veces actúan en contubernio con mafias privadas, incluidas las que promueven ocupación ilegal de terrenos o que exigen altas sumas de dinero para conceder permisos para operar negocios.
Con su gravísima revelación, el embajador inglés ha puesto el dedo sobre una vieja llaga de corrupción que gangrena, no sólo al necesario clima de inversión y de derecho, sino a todo el cuerpo de la sociedad dominicana.
Ante la presencia del procurador general de la República y del presidente de la Suprema Corte de Justicia, el embajador Steven Fisher dijo que inversionistas extranjeros y dominicanos padecen dificultades a causa de la corrupción y adelantó que su gobierno pondrá a disposición de las autoridades nacionales los servicios de un fiscal inglés especializado en ese tipo de infracción.
Hay que imaginar que el informe que sobre esa penosa situación ha presentado el diplomático a la Cancillería dominicana ha de ser mucho peor de lo que ha podido revelar a un auditorio integrado en mayoría por jueces y fiscales, a los que ofreció una conferencia sobre el tema de la corrupción.
El Ministerio Público está compelido a actuar de inmediato ante la grave denuncia del embajador inglés de que una empresa tuvo que emigrar por no aceptar reclamos de soborno se supone que por parte de funcionarios de algunos de los poderes del Estado.
Más aun, el embajador Fisher ha denunciado que otra empresa inglesa sufre acoso o ha sido víctima de una tentativa “muy grande” de cohecho o reclamo de dinero y ha definido la situación de deterioro de la seguridad jurídica como un problema muy delicado.
República Dominicana, que recibe en promedio más de dos mil 500 millones de dólares anuales en inversión extranjera, no puede darse el lujo o permitir que rufianes enquistados en el Gobierno, Servicio Judicial, Poder Legislativo o entes municipales incurran en soborno, abuso de poder o denegación de justicia en detrimento de derechos adquiridos por empresarios extranjeros y nacionales.
Hace tiempo que se dice que potenciales inversionistas o empresas ya establecidas en los ámbitos de turismo, industria, zonas francas, servicio y comercio son víctimas de intentos de soborno por parte de agentes públicos que muchas veces actúan en contubernio con mafias privadas, incluidas las que promueven ocupación ilegal de terrenos o que exigen altas sumas de dinero para conceder permisos para operar negocios.
Con su gravísima revelación, el embajador inglés ha puesto el dedo sobre una vieja llaga de corrupción que gangrena, no sólo al necesario clima de inversión y de derecho, sino a todo el cuerpo de la sociedad dominicana.
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